Negociadores de la Cámara de Representantes y del Senado se han puesto ayer de acuerdo en el plan de estímulo requerido por la Administración Obama para resucitar la bloqueada economía de Estados Unidos. El texto consensuado, que hoy podría ser sometido a una votación final y remitida a la Casa Blanca para su promulgación, contiene un esfuerzo presupuestario de 789.500 millones de dólares.
Según ha explicado el senador Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, «la versión final crea más puestos de trabajo que la propuesta del Senado y gasta menos que la propuesta de la Cámara Baja». En cualquier caso, esta legislación supone para la Casa Blanca la oportunidad de hacer realidad dos destacadas promesas electorales del presidente Obama: recortar la presión fiscal de un 95% de las familias americanas y crear más de tres millones de puestos de trabajo, el equivalente a todos los empleos destruidos por la recesión sufrida desde diciembre del 2007.
La minoría republicana en el Congreso no se ha demorado en criticar el plan acordado. Con reiteradas quejas de que el paquete es demasiado costoso y va a producir mucho más intervencionismo del Gobierno federal que nuevos puestos de trabajo. En su tramitación parlamentaria, el plan de estímulo no ha contado con un solo respaldo conservador en la Cámara de Representantes, sumando tres votos decisivos de senadores republicanos moderados en la Cámara Alta. Algunos demócratas también han aireado reproches sobre excesiva celeridad a la hora de sacrificar prioridades sociales para llegar a un acuerdo viable.
A juicio de Susan Collins, parte del trío de senadores republicanos que han hecho posible esta legislación, el resultado final incluye 150.000 millones de dólares para inversiones en grandes proyectos de infraestructuras públicas y un considerable recorte de impuestos para individuos y empresas. Entre las concesiones realizadas, destaca una menor transferencia de recursos a los cincuenta Estados de la Unión y recortadas partidas de protección social. Con una proporción final acordada de un 65% de gasto gubernamental y un 35% de rebaja fiscal.
Junto a estos polémicos esfuerzos para reactivar la economía real, la Administración Obama también desea implementar su propio plan de estabilización financiera. Con el objetivo de sanear el sistema bancario de la mayor economía del mundo a través de un esfuerzo que podría llegar hasta los 2 billones de dólares.
Según ha explicado el senador Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, «la versión final crea más puestos de trabajo que la propuesta del Senado y gasta menos que la propuesta de la Cámara Baja». En cualquier caso, esta legislación supone para la Casa Blanca la oportunidad de hacer realidad dos destacadas promesas electorales del presidente Obama: recortar la presión fiscal de un 95% de las familias americanas y crear más de tres millones de puestos de trabajo, el equivalente a todos los empleos destruidos por la recesión sufrida desde diciembre del 2007.
La minoría republicana en el Congreso no se ha demorado en criticar el plan acordado. Con reiteradas quejas de que el paquete es demasiado costoso y va a producir mucho más intervencionismo del Gobierno federal que nuevos puestos de trabajo. En su tramitación parlamentaria, el plan de estímulo no ha contado con un solo respaldo conservador en la Cámara de Representantes, sumando tres votos decisivos de senadores republicanos moderados en la Cámara Alta. Algunos demócratas también han aireado reproches sobre excesiva celeridad a la hora de sacrificar prioridades sociales para llegar a un acuerdo viable.
A juicio de Susan Collins, parte del trío de senadores republicanos que han hecho posible esta legislación, el resultado final incluye 150.000 millones de dólares para inversiones en grandes proyectos de infraestructuras públicas y un considerable recorte de impuestos para individuos y empresas. Entre las concesiones realizadas, destaca una menor transferencia de recursos a los cincuenta Estados de la Unión y recortadas partidas de protección social. Con una proporción final acordada de un 65% de gasto gubernamental y un 35% de rebaja fiscal.
Junto a estos polémicos esfuerzos para reactivar la economía real, la Administración Obama también desea implementar su propio plan de estabilización financiera. Con el objetivo de sanear el sistema bancario de la mayor economía del mundo a través de un esfuerzo que podría llegar hasta los 2 billones de dólares.
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